El contexto latinoamericano en materia de políticas de género se caracteriza por avances significativos, aunque aún enfrenta desafíos estructurales importantes. Según Franceschet, Krook y Piscopo (2012), la implementación de cuotas ha desempeñado un papel clave en cambiar las percepciones tradicionales de la política como un ámbito dominado por hombres, legitimando a las mujeres como actores políticos importantes1. Sin embargo, las políticas sociales en América Latina, aunque han avanzado, todavía están marcadas por lógicas maternalistas que pueden limitar su alcance en términos de equidad de género2.
Además, a pesar del aumento en la participación laboral de las mujeres, la carga del trabajo de cuidado y doméstico sigue recayendo predominantemente sobre ellas, lo que evidencia la persistencia de roles de género tradicionales que contribuyen a la desigualdad en el ámbito laboral.
Ecuador y Colombia son países que han implementado políticas de género con distintos grados de éxito y desafíos particulares. En Ecuador, la Ley de Igualdad Salarial y la Ley de Paridad de Género en Candidaturas Políticas han sido pasos importantes hacia la equidad, aunque su implementación efectiva sigue enfrentando obstáculos, como la resistencia cultural y la falta de recursos. Por otro lado, Colombia ha avanzado en la creación de un marco legal robusto para la protección de los derechos de las mujeres, especialmente en contextos de violencia de género, pero aún enfrenta el reto de garantizar que estas políticas lleguen de manera efectiva a las mujeres en áreas rurales y zonas afectadas por el conflicto.
El desempeño del Estado en Ecuador y Colombia: avances en políticas públicas para la igualdad de género en los últimos 4 años.
En los casos de Ecuador y Colombia, es posible rastrear indicadores clave relacionados con las políticas de igualdad de género, que reflejan las prioridades en cada territorio. En Ecuador, la Agenda Nacional para la Igualdad de Género destaca varios ejes de trabajo, incluyendo empleo y medios de vida, cuidado humano y sostenibilidad de la vida, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación y conocimiento, participación política y toma de decisiones, y vida libre de violencias.
Un avance significativo en Ecuador ha sido la reciente aprobación de la Ley de Igualdad Salarial, que obliga a las instituciones del Estado a asegurar que hombres y mujeres reciban el mismo salario por trabajos de igual valor, con el objetivo de reducir la brecha salarial de género y promover condiciones laborales más equitativas.
De acuerdo con el Gender Gap Global Index3, los indicadores de Ecuador en educación (0.996) y salud (0.968) son altos, lo que sugiere que las brechas en estas áreas están próximas a cerrarse. Sin embargo, en la participación económica (0.788) y empoderamiento político (0.482), las cifras indican que aún queda mucho por hacer. A pesar de los avances, el país ocupa el puesto 108 en igualdad salarial por trabajos similares, con un puntaje de 0.580. Además, la media de diferencia de ingreso propio sigue siendo del 18% entre hombres y mujeres en áreas rurales y urbanas, según el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe4.
Estos indicadores podrían parecer favorables, pero es crucial entender que tienen sus limitaciones. Para lograr una verdadera igualdad de género, es necesario evaluar otros factores, incluyendo la efectividad de las políticas públicas y su capacidad para traducirse en igualdad de resultados y no solo en igualdad formal.
Al revisar el contexto colombiano, se encuentra una distribución territorial que emerge del documento macro de la política nacional para la equidad de género para las mujeres, adoptada mediante el documento Conpes 4080 de 20225 de la que se desprenden los siguientes ejes: autonomía económica, desarrollo social y productivo, participación en escenarios de poder político, altos cargos del estado y escenario comunal, salud y bienestar de las mujeres, mujeres libres de violencias, mujeres, paz y seguridad e institucionalidad.
De lo anterior, los territorios departamentales han construido sus propias políticas públicas y planes de acción para la implementación de acciones tendientes a la igualdad de género.
Según el Gender Gap Global Index el país se encuentra en el lugar 42 con 0,751 entre 146 países. Aunque optimista, la revisión concreta de esto encuentra un panorama distinto en el que se mantienen desigualdades profundas frente a la participación paritaria con un aproximado de 70% de diferencia respecto de los hombres y una brecha salarial de 12,9% que afecta la autonomía económica e impacta los factores socioeconómicos que caracterizan, por ejemplo, los contextos de violencias basadas en género.
A pesar de existir un marco legislativo y de implementación técnica amplio, Colombia actualmente enfrenta un contexto de Emergencia Nacional por Feminicidio y Violencia Machista, que da cuenta de una de las consecuencias de la desigualdad de género que sostiene las variadas expresiones de la violencia que tiene como base la precariedad económica, cultural y política intensificada sobre las mujeres.
Sobre ambas experiencias pueden identificarse elementos comunes que dan cuenta de falencias en la materialización de las políticas públicas. Es preciso señalar, siguiendo a Graciela Di Marco6, que aun siendo las políticas públicas dispositivos gubernamentales que determinan qué recursos se distribuyen, en qué proporción y entre quiénes; predomina la ausencia de lecturas interseccionales y complejas que contemplen la importancia de redistribución y el reconocimiento, que en últimas politicen y no instrumentalizan las necesidades de las mujeres.
Causas y efectos de las deficiencias en el rol del Estado como agente de igualdad de género, en ambos países.
Las deficiencias en el rol del Estado como agente de igualdad de género para el caso de Ecuador y Colombia, así como en la región, se deben a múltiples factores interrelacionados. Una de las causas principales es la persistencia de estructuras patriarcales profundamente arraigadas que perpetúan «antiguas y nuevas formas de exclusión y desigualdad» como lo menciona Magdalena Valdivieso7. Estas estructuras de poder, combinadas con una resistencia significativa al cambio cultural y político por parte de sectores conservadores, tanto de derecha como de izquierda, obstaculizan la implementación efectiva de políticas de igualdad de género8.
El contexto actual de disputa feminista por espacio dentro del Estado y representación en los gobiernos, puede encontrar sus estructuras base en la forma de constitución de los Estados Nación que, aún en su tardía llegada a Abya Yala conservaron e instituyeron su forma de organización jerárquica, colonial, clasista y patriarcal bajo nociones que en la actualidad continúan “representando” a un grupo idealizado y homogeneizado nombrado como ciudadanía o pueblo. Esto es así, puesto que las nociones de pueblo, unidad nacional y representación están determinadas por las correlaciones de poder de quienes detenten el poder de político, económico y cultural, mismos de quienes viene un tipo específico de relaciones sociales que, además de facilitar los modos de producción capitalistas, conllevan generizadas de subordinación, de acuerdo con Lopreite y Rodríguez9.
La representación política es uno de los campos en que se evidencia la desigualdad basada en el género, en el que las mujeres han carecido de posibilidades justas de participación y decisión sobre el Estado, sobre esto; Ochy Curiel10 plantea una lectura de mayor amplitud en la que incorpora el análisis de la heterosexualidad como régimen político de apropiación y regulación de la vida social, al respecto:
Así, las mujeres son visibles como seres sexuales, aunque como seres sociales sean invisibilizadas. Las mujeres, por tanto, no pueden ser concebidas fuera de la categoría de sexo: “Solo ellas son sexo, el sexo” (Wittig, [1992]2006:28). Todo lo anterior es asumido “naturalmente” por el Estado, las leyes y la institución policial, entre otros regímenes de control. (p.52)
Lo anterior tiene como consecuencia, entre otras, la difícil y lenta implementación de leyes de participación paritaria en cargos de representación, la realidad muestra que las mujeres siguen enfrentando barreras sustanciales para acceder a posiciones de liderazgo. La participación de mujeres en candidaturas alcanzó el 46.9% en Ecuador en las elecciones subnacionales de febrero de 2023 y el 39% en Colombia para las elecciones de autoridades territoriales de 2023. Esta cifra no siempre se traduce en un acceso real al poder, ya que existen prácticas como la sustitución de candidatas por hombres una vez cumplidas las cuotas requeridas11. Estas limitaciones en la implementación efectiva de la paridad de género reflejan una resistencia institucional y cultural que dificulta el verdadero avance hacia la igualdad, a pesar de los esfuerzos legislativos.
Aun sabiendo que la agenda feminista no es contemplada por todas las mujeres candidatas o en ejercicio de algún cargo de poder, lo que si es cierto es que el contexto descrito da cuenta de la relatividad que los partidos y movimientos dan a las reivindicaciones de las mujer y disidencias. La posibilidad de negociación, reemplazo y aplazamiento bajo la creencia de que la cuestión de las mujeres es secundaria y subsidiaria de otras problemáticas sociales es recurrente, por no decir que característica de las barreras en el derecho a la participación de las mujeres.
Puede tomarse como ejemplo, un hecho reciente que se da en Colombia en el marco de la presentación y discusión del proyecto de ley para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política y garantizar su participación en todos los niveles, al cual el día 20 de agosto de 2024 la Corte Constitucional retira las referencias que en el texto se hacen para incluir a las mujeres disidentes del sexo y el género LBT+, desconociendo con esto las violencias ejercidas con razón a las diversidades identitarias y de orientación sexual. Tal como indica el movimiento Caribe Afirmativo12, es una visión reduccionista del enfoque de género y al ser manifestada por una de las altas cortes contiene en sí la postura del Estado, dando cuenta de su deficiencia como agente de la igualdad de género.
A pesar de la existencia de leyes progresistas, como la Ley de Igualdad Salarial en Ecuador, la falta de aplicación efectiva y de un monitoreo adecuado limita su impacto. La Constitución de Ecuador de 2008 establece que la paridad de género y la igualdad son derechos fundamentales, y que tanto el sistema de justicia como los cargos electos deben adherirse a normas que aseguren la paridad de género entre hombres y mujeres. Sin embargo, este marco legal ha demostrado ser insuficiente para alcanzar los niveles de paridad que se esperaban13.
En respuesta a estas limitaciones, el movimiento social de mujeres se ha organizado en resistencia e incidencia. Un ejemplo de esto es Justa Libertad que ha emergido como una fuerza clave en la lucha por la despenalización del aborto, demostrando como las organizaciones de la sociedad civil están liderando la defensa de los derechos reproductivos, superando las acciones del Estado. A raíz del veto parcial del expresidente Lasso, que redujo el plazo máximo permitido para abortos en casos de violación, Justa Libertad presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para despenalizar el aborto y asegurar un acceso seguro para mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, siguiendo los avances logrados en países como Colombia, México y Argentina14.
Al respecto, es evidente que los Estados actuales aún los de corte progresista, no han consolidado formas de gobernabilidad democrática con el movimiento feminista, por el contrario, existen relaciones de tensión, estigmatización, incluso persecución de lideresas sociales.
Las deficiencias del Estado ecuatoriano en su rol como promotor de la igualdad de género han incrementado la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en temas de violencia de género y salud reproductiva, donde la falta de acceso a servicios críticos pone en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres, particularmente en áreas rurales y marginadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud15, las restricciones al acceso a servicios de aborto seguro provocan abortos inseguros y nacimientos no deseados, especialmente en países con leyes restrictivas, donde las mujeres pobres, a diferencia de las ricas, se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros, lo que genera muertes y complicaciones evitables que sobrecargan los sistemas de salud pública.
Las deficiencias del Estado ecuatoriano como agente de igualdad de género se originan en estructuras patriarcales persistentes, resistencia al cambio y una aplicación ineficaz de las leyes. Estas causas perpetúan la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones y mantienen jerarquías desiguales, aumentando su vulnerabilidad, especialmente en temas de violencia de género y derechos reproductivos.
Posibilidades, dificultades, retos y limitaciones de la acción feminista desde el Estado
La acción feminista desde el Estado en Ecuador ofrece tanto posibilidades como desafíos significativos. Por un lado, la institucionalización de políticas públicas, como la Ley de Igualdad Salarial y la Ley de Paridad de Género en Candidaturas Políticas, representa un avance en la promoción de la igualdad de género, mostrando cómo las demandas feministas pueden traducirse en cambios legales concretos, sin embargo, estas iniciativas enfrentan dificultades, como la resistencia de sectores conservadores y la persistencia de estructuras patriarcales dentro del Estado, que limitan la efectividad de estas políticas.
Los retos incluyen la necesidad de garantizar una verdadera representación femenina en la toma de decisiones y asegurar que las políticas de igualdad no se queden en el papel, sino que se traduzcan en beneficios tangibles para todas las mujeres, especialmente las más vulnerables. Además, las limitaciones legales y estructurales, como los vetos presidenciales y la insuficiencia de recursos para implementar políticas de género, siguen siendo obstáculos importantes.
Pero además, dentro del contexto ecuatoriano se ha evidenciado que la relación entre el Estado y las organizaciones feministas ha sido compleja, marcada por avances y retrocesos significativos. Según el informe sobre las perspectivas feministas en Ecuador, “la relación entre el Estado y las organizaciones de mujeres y diversidad sexual en los últimos años ha sido tensa y marcada por diferencias en cuanto a la implementación de la agenda de igualdad de género”16. Esta dinámica ha generado un entorno en el que las posibilidades de acción feminista desde el Estado están limitadas por las luchas internas y las presiones externas, lo que ha obligado a las organizaciones de la sociedad civil a asumir un papel más activo en la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI, a menudo en ausencia de un apoyo estatal significativo.
Para el caso colombiano, se viene formando un conjunto de retos y posibilidades deacción que es resultado del acumulado histórico de trabajo territorial y de incidencia política del movimiento feminista y de mujeres. Algunos retos actuales son:
Engranaje entre el trabajo territorial comunitario y lo institucional – aunque la presencia de mujeres y organizaciones feministas en cargos y espacios institucionales del Estado ha aumentado, continúa un rezago en la participación política paritaria y aún más, en aquella que en que las representaciones sean ocupadas por mujeres que se enuncien como feministas y/o disidentes del sexo-género. Esto genera un distanciamiento entre las acciones comunitarias que han sido la base de las comprensiones y propuestas de transformación social y la disputa por el poder legislativo, judicial y ejecutivo.
Posicionar con urgencia una propuesta de justicia feminista – los altísimos índices de violencias basadas en género y la exacerbación de estas con expresiones seviciosas y extremas de castigo, exposición y aniquilación de las mujeres y cuerpos feminizados principalmente desborda a los gobiernos, incluso a los procesos comunitarios; con esto haciendo necesario plantear, posicionar y disputar la consolidación de modelos de justicia feminista entendida esta más allá de los procesos penales sino amplia en todas las condiciones de vida que se requieren para transformar los sistemas de opresión en que se basas las VBG.
Notas
1 Franceschet, S., Krook, M. L., & Piscopo, J. M. (2009). The Impact of Gender Quotas. Oxford University Press.
2 Martínez Franzoni, J., & Blofield, M. (2014). Maternalism, Co-responsibility, and Social Equity: A Typology of Work–Family Policies.
3 Weforum (2023). Global Gender Gap Index Report. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
4 CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2022). Perfil estadístico. https://oig.cepal.org/es/paises/12/profile
5 Departamento Nacional de Planeación (2022). Documento CONPES, Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: Hacia el Desarrollo Sostenible del País. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4080.pdf
6 Di Marco, G. (2024). Documento de trabajo. Justicia de Género Interseccional y Políticas Sociales. CLACSO.
7 Valdivieso M. (2024). Igualdad, equidad y justicia de género. Apuntes de clase.
8 Víquez Moreno, N. (2024). Documento de clase 8. El Estado como agente de igualdad y justicia de género.
9 Lopreite,D.,Rodríguez,A. (2021). Estado, instituciones y políticas públicas con enfoque feminista en el análisis de nuevas y viejas desigualdades de género en América Latina. Revista SAAP.
10 Curiel, O. (2013). La Nación Heterosexual. Brecha Lésbica y En La Frontera.
11 International Foundation for Electoral Systems (2023, May 18). Stronger together: Women and men unite for gender equality in Ecuador’s political parties. IFES.
https://www.ifes.org/news/stronger-together-women-and-men-unite-gender-equality-ecuadors-political -parties
12 Caribe Afirmativo (2024). Eliminan la perspectiva de diversidad sexual dentro del proyecto de ley que previene y sanciona la violencia política contra mujeres.
https://caribeafirmativo.lgbt/eliminan-la-perspectiva-de-diversidad-sexual-dentro-del-proyecto-de-ley-que-previene-y-sanciona-l a-violencia-politica-contra-mujeres/
13 Cañizares, M., & Zeinali, Z. (2024, February 7). Gender parity in Ecuador’s Ministry of Public Health: A path to equality and an example for other government institutions. PLOS Global Public Health. https://speakingofmedicine.plos.org/2024/02/07/gender-parity-in-ecuadors-ministry-of-public-health-a-
path-to-equality-and-an-example-for-other-government-institutions/
14 Human Rights Watch. (2024, April 15). Justa Libertad: Movement to decriminalize abortion in Ecuador. https://www.hrw.org/news/2024/04/15/justa-libertad-movement-decriminalize-abortion-ecuador
15 World Health Organization. (2012). Safe abortion: Technical and policy guidance for health systems (2nd ed.). World Health Organization.
16 Larrea, A. M., & Herrera, G. (2020). Feminist Perspectives on the 2030 Agenda in Ecuador: Selective Engagement, Inclusions and Om
Jessica Roa, Trabajadora Social, especialista en pedagogìa, feminista, disidente, educadora popular y activista por los derechos de las mujeres y disidencias sexogenéricas y Camila Rodríguez Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciada en Economía y Gestión por la Universidad de Grenoble Alpes, atualmente se desenvuelve como Asistente de Administrativa y de Proyecto en la Friedrich-Ebert-Stiftung FES en Ecuador. Ambas Diplomadas en Polìticas Pùblicas, crisis y justicia de gènero. Clacso 2024

0 comentarios